COVID-19 y patentes

Por Sol Terlizzi, coordinadora académica de la Maestría en Propiedad Intelectual.

La pandemia del COVID-19 obliga a los estados a tomar decisiones de salud pública en vistas de dar una pronta y efectiva respuesta a las consecuencias negativas de la pandemia sobre su población. Algunas de ellas están vinculadas con la propiedad intelectual en general, y las patentes en particular.

Por un lado, varios países están viendo la posibilidad de emitir licencias obligatorias sobre productos farmacéuticos -medicamentos y vacunas- que pueden ser de utilidad para encontrar un tratamiento para el covid-19. Las licencias obligatorias son un instrumento de política pública del instituto de patentes, acorde a los tratados internacionales de propiedad intelectual y las legislaciones nacionales de patentes. Se trata de un instrumento que se usa poco pero que podría usarse mucho más, especialmente en casos de pandemia. En estos días, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional del Ecuador emitió una Resolución instando al gobierno a que establezca licencias obligatorias y otras flexibilidades en materia de propiedad intelectual para garantizar el acceso a productos farmacéuticos y otras tecnologías relacionadas con el Coronavirus (COVID-19).

Por otro lado, las licencias voluntarias y los pools de patentes son también una opción viable para el desarrollo de medicamentos y vacunas para el COVID-19 y su rápido y asequible acceso. En tal sentido, el presidente de Costa Rica acaba de solicitar a la Organización Mundial de la Salud que tome las medidas necesarias para establecer un pool de patentes con tecnologías relativas al coronavirus.

Es de esperar que en las próximas semanas se aceleren ambos tipos de procesos. Como sucedió con otras enfermedades (VIH, Hepatitis C), el uso de flexibilidades del sistema de patentes y el incentivo a las licencias individuales seguramente colabore con una rápida y efectiva respuesta por parte de los estados en aras de proteger la salud pública y respetar los derechos humanos de las personas.