Fue la sociedad civil
Sergio De Piero, investigador del Área Estado y Políticas Públicas de la FLACSO Argentina, reflexiona sobre la incidencia del repudio al fallo 2×1 por parte de la sociedad civil.
Publicado el viernes 12 de mayo de 2017 en el diario El País digital.
Acceder a la nota de origen, aquí.
La ocupación del espacio público ya es una apelación constante de distintos grupos sociales en la Argentina. El miércoles 10 de mayo, fue testigo de una nueva convocatoria, cuyas características la ubican en un espacio particular de impacto político. La Plaza de Mayo en Buenos Aires fue epicentro, pero varias plazas de todo el país repitieron la manifestación.
El origen ya todos lo saben: la Suprema Corte, en fallo dividido 3 a 2, dictaminó que en un caso particular de un condenado por violaciones a los derechos humanos, podía ser beneficiario del llamado “2×1”, es decir cada día de prisión preventiva, luego de los dos años, se computarían por el doble lo que redundaría en una reducción efectiva de la pena. Todo ello basado en una ley que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001. Ese fallo específico abría la puerta de salida a más de 200 condenados por los mismos delitos que se encontraban en situaciones similares.
Apenas conocido el fallo el repudio fue inmediata. No solo de aquellos que era previsible que lo hicieran, los organismos de derechos humanos, los familiares o las propias víctimas directas; sino que rápidamente distintos sectores sociales, políticos, culturales, educativos, expresaron su rechazo absoluto a la medida del máximo tribunal. También lo hicieron los partidos políticos de la oposición, es decir los que se levantaban en contra de la medida ya alcanzaban el carácter de mayoría. En los medios de comunicación circuló una encuesta donde se afirmaba que más del 80% rechazaba la medida.
Es casi seguro considerar que quienes generaron esta medida, jamás pensaron en semejante reacción. El impulso de esa mayoría que no paraba de crecer y la ausencia absoluta de actores en el espacio público defendiendo el fallo, impulsó hasta al mismo gobierno, que inicialmente llamó a “acatar el fallo de la Corte” a través de su Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, a corregir el rumbo con declaraciones del Jefe de Gabinete y luego del mismo Presidente, bajo el argumento de que la ley del “2×1 garantiza impunidad, y mucho más en los casos de lesa humanidad”. En pocos días, lo que sólo parecía una resolución de la Suprema Corte de un caso particular, se convirtió en un verdadero movimiento social. Algo que no se había percibido correctamente, despertaba.
El contexto es relevante. Desde hace ya varios años, pero quizás con mayor intensidad desde la crisis del 2001, en la ocupación del espacio público a través de la protesta o del apoyo, se juega una parte importante de la política argentina. Ese factor sigue presente, y este año 2017, ha sido ya testigo de numerosas movilizaciones, en particular contra las políticas del gobierno nacional. A la vez, y también retomando la dinámica del 2001, los que se manifiestan no son exclusivamente las instituciones como los partidos políticos, los sindicatos o las organizaciones empresarias; a ellos se le suman expresiones más o menos organizadas de la sociedad civil, movimientos pero también “gente suelta” o “familias”, es decir personas que no necesariamente se perciben encuadradas al interior de un partido o estructura política. Esa presencia es notoria desde hace mucho en estas movilizaciones políticas y responde también a la dinámica que se da en el sistema de partidos, cuyas lealtades y pertenencias, pueden ser más flexibles que lo que preferirían los mismos partidos. La movilización fue impresionante. Quizás el impacto no se sienta con tanta intensidad por las numerosas que ya se sucedieron este año, pero vale recordar que se trató de un día laborable. Por eso cabe arriesgar que existe en el corazón mismo de la sociedad civil de Argentina, un factor político activo, que las dirigencias políticas deben tener en cuanta ante cada resolución que intenten llevar adelante, mucho más aun los gobiernos. Y en esta línea, dos reflexiones finales. Por una parte, se trató probablemente, de la primera manifestación popular en contra de manera directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un hecho inédito (quizás un antecedente lo encontramos en las críticas en torno del “corralito” en los años 2001/2002) que pone a la Corte en un terreno que siempre intenta evitar: el plano estrictamente político, y uno del que carece: el control democrático, es decir del pueblo. El segundo dato es una percepción que probablemente recorra los pasillos del gobierno de Cambiemos: la marcha fue contra la resolución de la Corte; incluso pudo verse en la misma a dirigentes y militantes del partido de gobierno. Sin embargo, el macrismo sabe que ese colectivo movilizado sospecha, con fundamentos o no, que el Ejecutivo tuvo alguna injerencia en la decisión sobre la aplicación del 2×1. Y esta situación se torna más compleja, dado que las conexiones del gobierno con esa sociedad civil, son aún débiles o acotadas. Es probable que en la noche del miércoles, se preguntaran en la Rosada, cuáles pueden ser los impactos próximos de esa sociedad civil que se moviliza y condiciona a las instituciones de gobierno.