Viejas desigualdades, nuevos problemas
La pandemia para lxs jóvenes en barrios populares.
Por Milena Arancibia y Carla Fainstein, investigadoras del Programa Juventud de la FLACSO Argentina.
“Acá no te contagias, no pasa nada, el virus está en las villas” le dice un vecinx a otrx mientras conversan en una esquina del barrio de Chacarita. En algunas zonas de la ciudad circula la idea de que los barrios populares están en un mundo lejano, son una realidad distinta y lo que sucede allí no afecta al resto de la ciudad. Sin embargo, de pronto, las problemáticas de estos barrios inundan los medios de comunicación, los contagios crecen exponencialmente y la vulnerabilidad se incrementa con la falta de agua potable, de luz, de cloacas.
El AMBA concentra el mayor porcentaje de los casos de COVID-19 del país, y los barrios populares son los territorios más vulnerables ante el virus, como ya se vio en las últimas semanas con el rápido crecimiento de casos en la Villa 31, Villa 1-11-14, Villa 21-24 en CABA y la Villa Azul y Villa Itatí en los municipios de Avellaneda y Quilmes en el Conurbano Bonaerense. La situación que se vive en estos territorios está en el foco de las noticias: hace unas semanas comenzaban a oírse las voces de referentes de la Villa 31 que denunciaban la falta de agua en el barrio (como Ramona Medina, miembro de la organización La Garganta Poderosa, que falleció días después a causa del COVID-19) y la imposibilidad que suponía en relación al acatamiento de las medidas recomendadas para evitar el contagio del virus. En estos días, la discusión gira en torno a la decisión del gobierno de la Provincia de Buenos Aires de aislar por completo un barrio (Villa Azul) en el que el número de contagiados no para de crecer. Las problemáticas estructurales históricas de los barrios populares, que preexisten a esta pandemia mundial y que suponen graves déficits habitacionales, económicos y sociales parecen asombrar al resto de la población cuando, en realidad, la situación que se observa hoy en los asentamientos informales es producto directo de esas desigualdades preexistentes. El COVID-19 ha visibilizado las problemáticas (y demandas) históricas de los barrios populares.
El aumento veloz de los contagios en estos barrios, y las falencias de la reacción estatal, dan cuenta de que no solamente las condiciones urbanas de por sí suponen un mayor riesgo para sus habitantes, sino que es imprescindible que desde los gobiernos se diseñen políticas específicas que puedan justamente atender a las especificidades de estos territorios. El hacinamiento, la falta de agua potable, asfaltado, cloacas, espacios públicos o de circulación aireados, la concentración de la población en los espacios comunitarios, la falta de sistemas de recolección de residuos, y las falencias en la difusión de información, la necesidad de un accionar diferente ante los contagios (en términos del testeo y aislamiento preventivo, las personas consideradas de contacto estrecho, etc.) son algunas de las variables que es necesario tomar en cuenta para el abordaje de la pandemia en los barrios populares del AMBA.
Pero lamentablemente, los derechos vedados son parte de la realidad cotidiana pre-existente al COVID-19 para muchxs de los que les toca construir sus propios hogares en estos territorios del AMBA en las primeras décadas de este siglo. Lxs jóvenes se encuentran con serias dificultades para insertarse en el mercado de trabajo y la dificultad para acceder a una vivienda propia es un problema cada vez más evidente en la Ciudad de Buenos Aires y en los municipios que la circundan. Por lo que son muchxs los que construyen sus viviendas en el terreno familiar, o incluso sobre la vivienda de sus parientes; otros continúan en la misma vivienda familiar, con sus parejas e hijxs, en condiciones de hacinamiento.
La pandemia intensifica esa realidad: lxs jóvenes enfrentan la falta de ingresos, dado que sus trabajos tienen un nivel alto de precariedad, el hecho de no poder salir de sus barrios se convierte en un impedimento directo para poder llevar comida a sus hogares. Por otro lado, lxs jóvenes que estaban estudiando, ya sea para terminar los estudios secundarios o realizando alguna formación postsecundaria, tienen más obstáculos para continuar sus estudios que sus pares que viven en otras zonas de la ciudad con las necesidades básicas garantizadas. Mientras algunxs siguen sus clases por novedosas aplicaciones, sin perder el contacto con profesorxs y compañerxs, para lxs jóvenes que viven en los barrios populares el tiempo dedicado a garantizar sus necesidades básicas es mucho mayor y son escasas las posibilidades de conectarse a internet y acceder a dispositivos tecnológicos. La mala o nula conectividad que presentan las redes de internet en sus barrios agravan esta cuestión. En tiempos de cuarentena se hace evidente la imposibilidad de acceder a actividades virtuales como otra forma de desigualdad. Con el COVID-19 la desigualdad preexistente se exacerba aún más y se suman nuevas necesidades y por ende nuevas desigualdades: conectividad-acceso a tecnología.
A su vez se ponen en evidencia las desigualdades de género preexistentes. Entre lxs jóvenes de barrios populares se encuentran fuertemente arraigados los modelos tradicionales de división sexual del trabajo que delegan las responsabilidades de cuidado de niñxs y adultxs mayores en las mujeres. Estas actividades pasan a un primer plano durante la cuarentena por lo que se visibiliza una división de tareas que tiene fuertes implicancias en la construcción de proyectos de vida para mujeres y varones jóvenes.
Cabe resaltar que también se exacerba la exposición a distintos tipos de violencia: las mujeres se encuentran más expuestas a la violencia de género y los varones son la población más vulnerable ante los casos de violencia institucional en un contexto en el que las fuerzas de seguridad aumentaron su presencia en estos territorios. Como se ha visto en las últimas semanas, el desarrollo de tareas de cuidado coexiste con situaciones de violencia y abuso policial sobre estas poblaciones.
En este contexto, las redes comunitarias construidas por las distintas organizaciones barriales han demostrado ser imprescindibles para atravesar la cuarentena y sus efectos en los barrios populares del AMBA. Como muchas veces antes, se han constituido en mediadoras entre los vecinos y los funcionarios públicos, no solamente gestionando directamente políticas públicas (alimentarias, de seguridad social, de salud, habitacionales) en los barrios, sino también siendo una fuente esencial de información para la elaboración de políticas públicas por parte de los diversos organismos estatales. Queda claro que las acciones futuras que realice el Estado para mejorar las oportunidades de trabajo y de acceso a la vivienda de los jóvenes tienen que ir en dirección a fortalecer dichas redes. Por último, si bien el Estado está tomando medidas que pretenden aplacar la situación de los habitantes de los barrios populares en el contexto de la pandemia, se vuelve urgente llevar adelante políticas que modifiquen la realidad cotidiana pre-existente de quienes son jóvenes en estos territorios.