La continuidad de las políticas de empleo después del COVID-19
Por: Luis Castillo Marín*
Luis Castillo Marín, docente de la Maestría en Estudios y Relaciones del Trabajo, analiza las políticas de empleo y seguridad social que el gobierno desplegó en el marco del aislamiento preventivo y obligatorio.
La irrupción de la pandemia en la Argentina – al igual que en otros países del mundo – no solo afectó la vida de numerosas personas, sino que su extensión está generando consecuencias sociales, económicas y laborales, en amplios sectores de la población.
La presente nota, hace referencia a las principales políticas implementadas, en la emergencia, para resguardar el empleo y los ingresos de la población más vulnerable y algunas reflexiones sobre su posible continuidad, o modificación, una vez superada la fase crítica de la situación sanitaria
POLITICAS EN LA EMERGENCIA
Políticas para cuidar la salud de los trabajadores: No concurrencia a los lugares de trabajo en las actividades no esenciales. Impulsar las formas de trabajo no presenciales (teletrabajo). Medidas de seguridad en el trabajo frente al COVID 19 y su inclusión como enfermedad profesional no listada.
Políticas referidas al ingreso de les trabajadores: Bonos de $ 5000 a trabajadores de salud y seguridad. Ingreso Familiar Extraordinario de $ 10.000. Pago extraordinario de la AUxH y AUE. Prórroga a la finalización del Seguro por Desempleo y aumento de su monto mínimo y máximo
Políticas para mantener el empleo: Prohibición de despidos y suspensiones sin causa, por falta y disminución del trabajo o fuerza mayor. Asignación compensatoria al salario. Ampliación y simplificación del Programa de Recuperación Productiva
Políticas de ayuda económica y financiera a las empresas: Postergación en el pago y reducción de las contribuciones patronales. Fondo de Garantía para PYMES. Financiamiento para el pago de salarios y capital de trabajo. Facilitar el crédito a las empresas.
Este conjunto de políticas que se desplegaron en los primeros 30 días desde la aparición de la pandemia en la Argentina, no son en mi opinión, fruto de la casualidad o respuestas a situaciones puntuales en la emergencia, sino que se pueden entender en el marco de una perspectiva particular de pensar: las causas del desempleo y la informalidad en nuestro país, la necesidad de identificar los sectores de trabajadores y empleadores prioritarios y la importancia de fortalecer el Estado y las instituciones laborales.
ANTECEDENTES DE LAS POLITICAS
El desempleo y la informalidad no aparecen como aspectos problemáticos del mercado de trabajo en la Argentina, a partir del Corona virus, sino que este genera un agravamiento de estas situaciones existentes desde antes.
Muchas de las medidas tomadas en la emergencia sanitaria, tienen un antecedente inmediato en políticas impulsadas por este gobierno, antes de la aparición del virus en nuestro país, como en la Ley 27.541, aprobada el 21 de diciembre de 2019, que fortalecía el Estado al delegar funciones al Poder Ejecutivo, para la “… regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras para las MicroPymes”,. . . “impulsar la recuperación de los salarios atendiendo a los sectores más vulnerados de la sociedad…”
Otras de las medidas se pueden vincular con políticas aplicadas en otros períodos críticos de nuestra historia reciente, como la prohibición de producir despidos (2004) o el sostenimiento del empleo a través del Programa de Recuperación productiva frente a la crisis internacional del año 2008.
La vinculación de las actuales políticas en la emergencia , con otros períodos de la historia reciente, no es con el objetivo de sugerir reiterar las experiencias anteriores, sino de reconocer que existen distintas formas de pensar la realidad y que el gobierno del presidente Alberto Fernández, expresa una de ellas, que se podría nombrar, como “peronista”, “popular”, o “progresista”, con antecedentes importantes en nuestro país y aunque con discusiones pendientes en su interior, se constituye como una alternativa a la perspectiva “liberal”, “neoclásica” o de la “ortodoxia en términos económicos”.
CONTINUIDAD DE LAS POLITICAS
Como se mencionaba al principio de la nota, las políticas analizadas, se referían a las primeras respuestas, al surgimiento de la pandemia en nuestro país.
Para contener el avance de la enfermedad, se tomaron medidas, que impactaron negativamente en la actividad económica nacional e internacional, el Estado asumió compromisos que afectan su situación financiera y se produjeron cambios en el comportamiento social de la población y de la vinculación entre personas y sectores.
Una vez superadas, las condiciones críticas en términos de salud de la población frente a la pandemia, se plantea la pregunta ¿cuál será el destino de estas políticas de empleo e ingresos? ¿Se mantendrán o se modificarán? y ¿en ese caso en qué sentido?
La respuesta plantea muchos interrogantes y algunas certezas
Entre los interrogantes se podrían mencionar:
¿En qué tiempos y en qué condiciones, se recuperará la actividad económica a nivel mundial? ¿Se reforzará la multilateralidad? ¿Las posiciones de los organismos Internacionales FMI, Banco Mundial, actualmente más cercanas a las necesidades de los países en desarrollo, se mantendrán? O como ocurrió en la crisis del 2008, la discusión conceptual se cortó cuando se aseguró la continuidad del sector financiero concentrado?
¿Cuál será el resultado de la negociación de la deuda externa? ¿Cómo se obtendrán los fondos necesarios para cubrir los compromisos asumidos por el Estado en la emergencia?
El consenso mayoritario de la población, que logró el Gobierno, hacia las políticas en la emergencia sanitaria, ¿Cómo mantenerlo en temas conflictivos, como control de precios, nivel de salarios, participación de los distintos sectores económicos, distribución de ingresos?
Las certezas surgen de las propuestas políticas que planteó el Gobierno y que empezó a concretar en las políticas mencionadas para enfrentar la emergencia sanitaria como: Priorizar la producción frente a la especulación, destacar la importancia de las MicroPYMES, mejorar los ingresos de los sectores más vulnerados de la población y el compromiso del Estado, en la consecución de estos objetivos.
Podríamos hacer un ejercicio y pensar la continuidad de las políticas de empleo, implementadas en la emergencia, tomando como ejemplo, dos decisiones importantes como son, el “Ingreso Familiar Extraordinario” y el “Programa de Asistencia en la Emergencia al Trabajo y la Producción” que entre ambos, incluye alrededor del 80%, de la PEA.
El Ingreso Familiar Extraordinario, DNU. 310 (2020), se estableció con carácter excepcional, por el mes de abril solamente y quizás si se prolonga la emergencia, se puede suponer la continuidad por algún mes más, (el decreto lo prevee) en su formato actual. Pero en término de política de empleo, al ampliar la cobertura a les trabajadores vinculados al sector informal, y les monotributistas de bajos recursos, y les desocupados, no reconocidos plenamente en el ordenamiento laboral, encuentra sólidos antecedente en la Moratoria Previsional, en la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo y en el Salario Social Complementario y mirando hacia adelante es una señal del compromiso del Estado; y da elementos para pensar cómo mejorar las condiciones laborales de les trabajadores por cuenta propia y la informalidad, aunque las herramientas a diseñar, para concretarla sean distintas.
El “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción”, DNU 332 (2020), establece como beneficios para las empresas en la emergencia: postergación y reducción de las contribuciones patronales hasta en un 95%, una “Asignación Compensatoria al Salario” y la posibilidad de acceder al “Programa de Recuperación Productiva” y para les trabajadores, la continuidad de las prestaciones por desempleo a su finalización y eleva los montos mínimos y máximos de entre $6.000.- y $ 10.000.-.
El decreto establece referencias muy concretas de su vigencia en la emergencia sanitaria, por ejemplo la postergación y reducción de las contribuciones es al devengado del mes de abril, la continuidad del seguro por desempleo es hasta el mes de junio y el conjunto de beneficios a las empresas está vinculado al impacto en la actividad, del aislamiento social, a la cantidad relevante de trabajadores contagiados o la reducción de las ventas entre los meses de marzo y abril.
Pero además de las referencias explicitas de fechas, en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, se diferencia el monto del beneficio entre les empleadores , según su tamaño, priorizando a las empresas más pequeñas, (asignación compensatoria del salario para las empresas de menos de 100 trabajadores y mayor monto a las empresas de hasta 25 trabajadores), criterio que ya se establecía para la reducción de las contribuciones patronales en la ley 26.940 “Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral” (2014) y dejada sin efecto en el gobierno anterior.
En síntesis respecto a la posible continuidad de las políticas de empleo, gestionadas por el Estado Nacional en la emergencia sanitaria del COVID 19, en mi opinión, las características fundamentales del Programa de Ingresos familiares Extraordinarios y del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que incluyen en conjunto a alrededor de 14 millones de trabajadores (asalariados, cuenta propia, y desocupados), expresan una perspectiva de políticas de empleo y constituyen antecedentes fundamentales para la gestión del empleo al finalizar la emergencia sanitaria del Corona virus.
Quizás solo habría que incluir para preveer el marco de las políticas de empleo a mediano plazo, a les trabajadores de la economía popular/social/solidaria, las participantes en el Programa Hacemos futuro y de los demás programas de empleo nacionales, provinciales y municipales.
Así como se plantea la finalización del aislamiento social a través de una salida administrada, habría que preveer las formas en que se van readecuando las políticas de empleo, en la medida de los cambios de la realidad económica, aprovechando las experiencias y los conocimientos adquiridos, para avanzar en la construcción de una sociedad más inclusiva a través del trabajo decente.
*Luis Castillo Marín Ex Director Nacional de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.