Diploma Superior en Desigualdades y políticas públicas distributivas
Presentación
América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta, sólo comparable con los niveles de África Subsahariana. Esta afirmación, respaldada por Naciones Unidas y estudios comparados (Alvaredo y Gasparini, 2013), no es una fatalidad geográfica sino el resultado acumulado de decisiones políticas, diseños institucionales y relaciones de poder sedimentadas a lo largo de nuestra historia. En las últimas décadas, los períodos de crecimiento económico no lograron reducir estructuralmente las brechas, y las mejoras sociales, cuando ocurrieron, resultaron erráticas, insuficientes o se revirtieron con rapidez. La persistencia de la desigualdad —territorial, de género, étnica, digital— no es un efecto colateral del desarrollo, sino su principal obstáculo.
Las investigaciones de Thomas Piketty (2014), François Dubet (2015) y Joseph Stiglitz (2012) han demostrado que el crecimiento por sí solo no garantiza una distribución más justa. Por el contrario, las transformaciones en la estructura productiva y financiera global generan ganadores y perdedores. El impacto final sobre la equidad depende, de manera crucial, de las políticas que los Estados implementen y de su interacción con el mercado, las familias y las comunidades (Knight y Fuentes, 2014; CEPAL y AICD, 2010; Mazzola, 2024 y 2026). Un alto nivel de desigualdad no solo frena el crecimiento, sino que erosiona la cohesión social, debilita la legitimidad de las instituciones y condiciona toda nueva distribución de recursos (Stiglitz, 2012; Tilly, 2000).
Los países de América Latina y el Caribe atraviesan transformaciones profundas que redefinen la función distributiva del Estado. Los cambios en la orientación política de los gobiernos, las nuevas configuraciones geopolíticas y la urgencia de atender las múltiples dimensiones de la desigualdad nos exigen una revisión crítica y, sobre todo, la formación de especialistas capaces de intervenir en esta complejidad. No se trata de administrar recursos escasos con criterios técnicos, sino de comprender que la distribución es, ante todo, una puja política, y que transformar la realidad requiere la construcción de capacidades estatales —políticas y administrativas—. Cada decisión estatal define quién gana y quién pierde, cristalizando en las instituciones relaciones de poder que pueden profundizar o mitigar las desigualdades existentes (O’Donnell, 2010; Mazzola, 2012, 2024 y 2026). Reducirlas implica, entonces, un conocimiento profundo de los regímenes de bienestar (Esping-Andersen, 1990; Martínez Franzoni, 2008), los paradigmas de protección social (Filgueira, 2014), las capacidades institucionales de los distintos niveles de gobierno (Repetto, 2010; Cetrángolo y Jiménez, 2017), así como de los debates contemporáneos sobre la desigualdad (Tilly, 2000; Sen, 1996; Atkinson, 2015).
Este Diploma surge para ocupar un espacio central en la formación de posgrado, superando los abordajes que se limitan a medir la desigualdad a través del coeficiente de Gini, los quintiles de ingreso o la pobreza monetaria y multidimensional. Nuestra propuesta se centra en el carácter relacional y conflictivo de la desigualdad, analizando el rol del Estado no como un ente neutral, sino como el campo de disputa donde se definen los modelos de desarrollo (Evans, 1995; Mann, 2000). Proponemos el enfoque de la distribución institucional (Mazzola, 2024) como uno de los lentes analíticos para visibilizar con claridad cómo las reglas de juego, los diseños de política y las prácticas burocráticas producen y reproducen estratificaciones sociales en su interacción con el mercado, la familia y la comunidad. Este enfoque nos permite, además, discernir el nivel de profundidad de las reformas requeridas para transformar estas dinámicas, especialmente en un contexto donde la era digital impone nuevos retos para la construcción de una nueva estatalidad en la región.
Anclamos nuestra propuesta en la realidad vigente de América Latina y el Caribe. Abordamos los debates clásicos —políticas de ingreso, sistemas de pensiones, educación, salud, federalismo fiscal— pero también nos adentramos en los desafíos de frontera: ¿cómo puede la infraestructura del cuidado motorizar el desarrollo? ¿De qué manera impacta la inteligencia artificial en las brechas preexistentes? ¿Puede la transformación digital del Estado construir una institucionalidad más equitativa, transparente y cercana a la ciudadanía? Analizaremos casos emblemáticos —Bolsa Família, Chile Crece Contigo, Asignación Universal por Hijo, sistemas de salud y pensiones de la región— para extraer lecciones que permitan diseñar políticas públicas efectivas y vigentes.
Con un cuerpo docente de destacada trayectoria en la gestión pública y la investigación aplicada en América Latina, el programa ofrece las herramientas teóricas, metodológicas e instrumentales para transformar la realidad. El objetivo es claro: formamos especialistas que no solo diagnostiquen las desigualdades, sino que estén preparados para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas capaces de contribuir a una mayor confianza ciudadana y a la construcción de sociedades más justas, equitativas y cohesionadas.