Enfoque de género y participación de las mujeres en la construcción de paz


El curso “Enfoque de género y participación de las mujeres en la construcción de paz” se realiza, en el marco del acuerdo entre la FLACSO Sede Argentina y la oficina regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres. Este curso está dirigido a fortalecer las capacidades de mujeres y jóvenes líderes y lideresas para participar en diálogos sociales con herramientas de construcción de paz, prevención de conflictos y mediación, en el marco de la Agenda de mujeres, paz y seguridad en América Latina y el Caribe.

Las Conferencias Mundiales sobre la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por su sigla en inglés), y su recomendación 30, La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, son hitos clave. En estos, se resaltó la necesidad de reconocer los derechos de las mujeres y la igualdad de género como componentes cruciales del trabajo por la paz y la seguridad, se visibilizaron las experiencias diferenciadas de las mujeres en contextos de conflicto y se hicieron recomendaciones sobre la importancia de incluir mujeres en la prevención de conflictos, en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos.

La Resolución 1325 es una de las decisiones más emblemáticas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y un punto de inflexión para la participación de las mujeres en la construcción de la paz. Por medio de su adopción en el año 2000, el Consejo de Seguridad puso sobre la mesa, por primera vez, el efecto desproporcionado de los conflictos armados en mujeres y niñas, su rol fundamental en la prevención y resolución de los conflictos, así como en la consolidación y mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

La adopción de la Resolución 1325, es fruto de años de incidencia de la sociedad civil y las organizaciones de mujeres para que se reconozca el impacto diferenciado de los conflictos en las mujeres y se reconozca la necesidad de incluirlas en el mantenimiento de la paz y seguridad. La resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y las subsiguientes 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2242, 2467, 2493 y 2538, conforman la agenda de mujeres, paz y seguridad a partir de los pilares de participación, protección, prevención, y consolidación de la paz – recuperación.

La Resolución 1325 hace un llamado a aumentar la participación de las mujeres en todos los niveles de decisión en la prevención y resolución de conflictos y en los procesos de consolidación de la paz; a proteger los derechos de las mujeres y las niñas durante y tras los conflictos, aplicando plenamente las disposiciones del derecho internacional humanitario y del relativo a los derechos humanos; a incorporar la perspectiva de género en las operaciones de mantenimiento de la paz y a prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente la violencia sexual y la violencia de género.

En el marco de la implementación de la Resolución 1325 se ha logrado incrementar el reconocimiento de la perspectiva de género como elemento esencial para contribuir a la paz y la seguridad internacional. Se reconoce que la transformación social de las dinámicas de los conflictos y las crisis requiere de análisis que comprendan los impactos diferenciados y un trabajo por la transformación de las estructuras que los sustentan.

La Agenda de mujeres, paz y seguridad reconoce el derecho de las mujeres a la participación igualitaria en la promoción y la construcción de la paz, y subraya su contribución efectiva para lograr y consolidar una paz duradera y sostenible. Por tanto, se trata de una cuestión de derechos, pero también de eficacia. La participación directa de las mujeres en los diálogos y negociaciones de paz incide en el aumento de la sostenibilidad y la calidad de la paz. Al incluir a las mujeres en estos procesos se incorpora una amplia gama de perspectivas y se aumenta la inclusividad y la diversidad.

Los grupos de mujeres de la sociedad civil desempeñan un papel decisivo en los procesos de paz. En particular, los intercambios y la colaboración estrecha entre los diversos grupos de mujeres (por ejemplo, las delegadas mujeres, los grupos feministas y de defensa de los derechos de la mujer, incluidas las defensoras de los derechos humanos y las promotoras de la paz) son fundamentales para la inclusión de disposiciones que atiendan las desigualdades sociales, en especial para la inclusión de una perspectiva de género.

En 2016, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptaron dos resoluciones gemelas (70/262 y 2282, respectivamente) en las que cristalizan el concepto de sostenimiento de la paz. Como tal, expresan que el sostenimiento de la paz debe entenderse en sentido amplio como un objetivo y un proceso para construir una visión común de una sociedad, permitiendo sentar las bases para la prevención y transformación de la conflictividad que pueda llegar a darse, haciendo frente a sus causas profundas.

El acento en la necesidad de prevención temprana también es destacado por “Caminos para la Paz: enfoques inclusivos para la prevención de conflictos”, un estudio conjunto del Banco Mundial y las Naciones Unidas del año 2018 que señala que “la mejor manera de evitar que las sociedades caigan en crisis, incluido, entre otros, el conflicto, es garantizar que sean resilientes a través de la inversión en un desarrollo inclusivo y sostenible” . Este estudio también recomienda abordar las desigualdades y la exclusión, así como garantizar que las estrategias de desarrollo tengan en consideración los diferentes riesgos, para evitar el desgaste del tejido social que podría estallar en una crisis. El mismo estudio destaca que la participación de las mujeres en todos los aspectos de la paz y la seguridad es crítica para la efectividad de las medidas adoptadas en estos campos y tiene un impacto directo en la sostenibilidad de los acuerdos alcanzados. En ese sentido señala que “la inclusión de las mujeres como negociadoras, mediadoras, signatarias y testigos incrementa la posibilidad de que un acuerdo dure al menos dos años si se cuenta con el 20% y al menos 15 años si se cuenta con el 35%”. El documento señala también la importancia de asegurar cualitativamente esta participación, en clave de los compromisos con la igualdad de género y la reducción de brechas.

Al mismo tiempo, el foco en la prevención de conflictos y el sostenimiento de la paz, debe también interpretarse en complementariedad con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En especial, el ODS 16 llama a promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas y establece una serie de metas, entre las cuales se encuentran la reducción significativa de la violencia, promover el estado de derecho y garantizar el acceso a la justicia, y poner fin al maltrato, la explotación y la trata, entre otras. Los 17 ODS deben interpretarse en su conjunto y, en el caso de mujeres, paz y seguridad, surge claramente la necesidad de interpretar el ODS 16 en conjunción con el ODS 5 que apunta a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

El conjunto de ODS debe ser interpretados de manera integral y complementaria. En ese marco, una sociedad justa, pacífica e inclusiva puede entenderse como aquella que permita “desarrollar las condiciones necesarias para el bienestar de todas las personas, incluyendo la prevención y la transformación de las violencias físicas, culturales y estructurales […] y en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos de manera real y efectiva”.

A pesar de los avances normativos, la implementación requiere acelerarse. De acuerdo con el Informe de 2021 del Secretario General sobre la aplicación de la resolución 1325 , en 2020 las mujeres representaban solo el 23% de delegaciones que formaban parte de procesos de paz dirigidos o codirigidos por Naciones Unidas, solo el 28% de los acuerdos de paz incluyen disposiciones de género y ningún acuerdo de alto al fuego firmado entre 2018 y 2020 incluye disposiciones de género. Hasta el 31 de diciembre de 2020, solo el 5,2 % del personal militar que sirve en operaciones de paz eran mujeres. Frente a la financiación humanitaria, los sectores que se ocupan de la violencia de género y la salud reproductiva solo recibieron el 33 % y el 43 % de los fondos solicitados y en los países en situación de fragilidad o conflicto, la ayuda bilateral destinada a las organizaciones y los movimientos que defienden los derechos de las mujeres sigue estancada debajo del 1%, desde 2010.

La región de América Latina y el Caribe enfrenta desafíos en el marco de la agenda de mujeres, paz y seguridad que van más allá de las situaciones de conflicto o post conflicto con las que tradicionalmente se ha asociado esta agenda. Entre estos desafíos se encuentra el deterioro en la situación de derechos humanos, la reducción de los espacios de interacción con organizaciones de sociedad civil, la creciente movilidad humana, elevados niveles de criminalidad y niveles persistentes de pobreza, exclusión, desigualdad y discriminación que derivan en mayor conflictividad.

Estos fenómenos se entrelazan con los patrones de discriminación persistentes en nuestra región, generando impactos desproporcionados en las mujeres, violencia contra las mujeres en la vida pública, ataques y agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos, activistas ambientales y periodistas, entre otros sectores. Al tiempo, la imperiosa necesidad de avanzar en la adaptación al cambio climático, la creación de resiliencia y la reducción del riesgo de desastres, se convierten en elementos clave para la agenda en nuestros territorios.

La crisis generada por la COVID-19 ha puesto en evidencia y profundizado las desigualdades estructurales de clase, etarias, raciales y de género ya existentes, y plantea impactos directos sobre la economía, la estabilidad social, la paz y el desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, la pandemia pone en peligro los logros recientes en la participación de las mujeres en los procesos de diálogo social, procesos políticos y de paz, y ya ha colocado a las mujeres y las niñas en un mayor riesgo de pobreza y violencia, tal como evidencian los picos de violencia sexual y de género registrados.

A pesar de que las mujeres están desempeñando un papel imprescindible en la respuesta a la crisis, su participación e influencia en la toma de decisiones sigue siendo limitada. De las 1265 medidas de respuesta al COVID -19 tomadas por los gobiernos de América, solo 455 son sensibles al género, dentro de estas solo 50 abordan el trabajo de cuidado no remunerado, 227 se refieren a la violencia contra las mujeres y 178 se relacionan con la seguridad económica de las mujeres.

Frente a los escenarios sociales, políticos y económicos actuales de la región, es prioritario transformar los compromisos de la agenda de mujeres, paz y seguridad en una realidad. Urge reconocer e impulsar las iniciativas de construcción de confianza, fortalecimiento democrático y reconstrucción del tejido social lideradas por las mujeres y sus organizaciones, relevar el importante rol de las defensoras de derechos humanos y constructoras de paz, y promover su presencia sustantiva en los procesos de toma de decisión.

En este marco, ONU Mujeres entra en alianza con la FLACSO Argentina con el apoyo del gobierno de Noruega para desarrollar el curso “Enfoque de género y participación de las mujeres en la construcción de paz”, que fortalecerá las capacidades de mujeres y jóvenes líderes y lideresas para participar en diálogos sociales con herramientas de construcción de paz, prevención de conflictos y mediación, integrando los enfoques de género, edad, etnia y diversidad.