La despenalización del aborto como problema de salud pública: logros y desafíos

Texto conjunto de investigadores e investigadoras del Área Desarrollo Humano y Salud y el Programa Bioética de la FLACSO Argentina sobre la relevancia política y social de la media sanción de la Ley de despenalización del aborto.

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La media sanción del proyecto de ley para legalizar el aborto en la Argentina nos deja algunos aprendizajes y preguntas al tiempo que representa nuevos desafíos.

El 13 de junio (13J) de 2018 será recordado como una jornada que resulta de los procesos de movilización de las mujeres a lo largo de más de 30 años en encuentros nacionales y 13 años de existencia de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, movimiento al que a partir del fenómeno del NiUnaMenos se suma una comunidad de adolescentes y jóvenes que marcan una presencia generacional sin precedentes. En el 13J se acuño la frase: “somos hijas de los pañuelos blancos y madres de los pañuelos verdes”.

La votación en la cámara de diputados fue precedida por un debate público que duró casi dos meses y en el que participaron más de 700 expositoras y expositores que aportaron opiniones y evidencia científica desde distintas perspectivas.

El aborto es un problema de salud pública. Aunque la discusión por momentos se deslice hacia cuestiones de orden religiosa o filosófica, es importante aclarar que el aborto es por sobre todas las cosas, un problema de salud pública. Lo que se debate en el Congreso de la Nación es si el Estado va a garantizar las condiciones de seguridad sanitaria para que aquellas mujeres que por cualquier motivo deciden interrumpir un embarazo, puedan hacerlo sin que esto acarree consecuencias negativas para su salud o ponga en riesgo sus vidas. El fin último es el de eliminar a la muerte materna por causa de aborto ilegal en nuestro país. Una deuda pendiente.

Cuando hacemos referencia a “salud pública” lo hacemos desde la visión de salud poblacional. En este sentido, toda la población, sin exclusiones, tiene derecho a la salud y es rol del Estado garantizarlo independientemente del subsector prestador de servicios de salud (público, seguridad social y privado).

La experiencia del 13J demuestra que son los movimientos sociales los que imponen la agenda cuando se trata de la ampliación de derechos, como sucedió con la Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, con la Ley de Educación Sexual Integral, con la Ley de Matrimonio Igualitario, entre otras. Al mismo tiempo, podemos observar las demoras en la capacidad de respuesta de estamentos nacionales y de muchas provincias, en contraposición a la impronta que algunas jurisdicciones y movimientos locales imponen a dichos procesos.

La media sanción obtenida a lo largo de un intenso debate y con una vigilia de más de 20 horas expresa la madurez de la sociedad argentina para debatir estos problemas y cuestionar al poder político y patriarcal que, como castas, defiende sus privilegios y espacios de poder y dominación, hoy en franco retroceso.

La despenalización del aborto y su legalización constituyen un tema central para la salud pública; la media sanción de la ley por el aborto legal, seguro, y gratuito, da cuenta de logros y desafíos futuros. Entre los logros institucionales se destacan:

•  El compromiso político de funcionarios de la salud pública: la participación de funcionarios actuales y ex funcionarios (ministros de salud de Nación y provinciales tanto en los debates previos como en el debate en Diputados a favor de la despenalización del aborto) expresa el grado de coherencia entre su posicionamiento político y su responsabilidad en garantizar la salud de toda la población. Además, algunos de ellos han expresado su cambio de posición frente a la despenalización al igual que muchos funcionarios de diferentes sectores políticos.

•  El compromiso académico: atendiendo al proceso de creación de cátedras en diferentes universidades del país que han adoptado una postura proactiva de debatir y orientar temas vinculados con el aborto como problema de salud pública (Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Salta, Mendoza, Jujuy, Comahue, La Pampa, Tucumán, Córdoba, cátedras libres y más universidades por venir).

•  El compromiso de profesionales de la salud: el crecimiento acelerado de la Red de profesionales por el derecho a decidir (cuenta hoy con más de 700 profesionales distribuidos en todo el país), expresa la capacidad de un sector representado por profesionales de diferentes campos disciplinares, en su mayoría jóvenes, que brindan acompañamiento y capacidad resolutiva frente a las mujeres que desean interrumpir sus embarazos y que exigen una respuesta acorde a derechos.

Todos estos procesos expresan a su vez el fortalecimiento de la ciudadanía organizada en diversos colectivos que incluyen a socorristas, artistas, escritoras, sindicatos, instituciones educativas, organizaciones estudiantiles, partidos y organizaciones políticas, y otros como, “Socorristas”, “Línea más información menos riesgo” que fueron soporte clave para la consolidación de una agenda parlamentaria que incluya al aborto como un problema central de salud pública y justicia social.

Entre los desafíos, se pueden mencionar la necesidad de superar las actitudes de algunos profesionales de la salud, la posición de la iglesia, y la generación de mensajes simbólicos que estos grupos conservadores expresan y que atentan contra el derecho a la salud. La sociedad parece comenzar a vislumbrar más los hechos reales (muertes y complicaciones de salud de las mujeres por aborto), que los mensajes desvirtuados, culpabilizantes y estigmatizantes que ejercen estos grupos.

A modo de ejemplo, el fracaso de los mensajes apelando a “golpes bajos” (sin fundamento científico, exacerbados, carentes de viabilidad), utilizados por los mal denominados grupos “Pro-Vida” para amedrentar y disuadir a sus adherentes, (generalmente hombres, del interior del país, pertenecientes a grupos históricos de poder y ligados a la iglesia) atentan contra el libre pensamiento y el empoderamiento de las personas. Estos mensajes han recrudecido, y de algún modo expresan el temor de estos grupos por la pérdida de espacios de poder.

Otro aspecto a considerar en esta materia de parte de los grupos anti-derechos, es la cantidad de material y argumentaciones generadas, las que pueden resultar de utilidad como base de análisis e investigación sociológica y comunicacional sobre el modo de construir discursos y estrategias distorsivas que terminan afectando la salud de las personas, además de vulnerar sus derechos.

Los sectores religiosos aliados a sectores políticos afines y los políticos aliados a grupos religiosos expresan la incapacidad de sostener los principios básicos de cualquier democracia republicana al momento de separar el rol del estado del de los diferentes sectores corporativos. Es esencial promover y potenciar espacios de debate y escucha como los actuales. Además de erradicar la cultura del patriarcado, un sector importante de la sociedad clama por abolir el patriarcado de la iglesia en cuestiones de derechos individuales como lo es el derecho a decidir de manera informada sobre los propios cuerpos, sin injerencias de ninguna índole.

Hay sectores de las iglesias que siguen anclados a principios dogmáticos que de alguna manera afectan la posibilidad de ejercer el derecho a la salud, particularmente de la salud sexual y reproductiva. Una iglesia que clama permanentemente por volver al orden natural. El mismo orden que diera origen a la inquisición, a la complicidad con las dictaduras, a la oposición a las medidas de anticoncepción, al uso del preservativo, al divorcio, al matrimonio igualitario, al cumplimiento distorsivo de la Ley de Educación Sexual Integral en el ámbito de las instituciones educativas confesionales que, además, reciben financiamiento del Estado.

Sería oportuno que la iglesia no tuviera injerencia en cuestiones que involucren a la sociedad civil en su conjunto, debiendo actuar solamente sobre aquellos grupos que siguen sus preceptos y respetando a quienes no lo hacen. Del mismo modo, es de importancia que los sectores laicos asuman una actitud de respeto hacia todas las creencias, hecho que, por otra parte, está contemplado en todos los marcos legales existentes. Finalmente, y ante la posibilidad de que alguna mujer creyente decida interrumpir un embarazo, no será victimizada y mucho menos, penalizada.

Otro desafío a debatir con respecto a este tema en el campo de la salud pública es la objeción de conciencia. Si bien este es un beneficio de los profesionales, la objeción de conciencia no puede ser un tema que atraviese a las instituciones en su conjunto. Sería oportuno debatir en torno al comportamiento de las instituciones de salud sobre el grado de adhesión de sus políticas y prácticas a los derechos de las personas que allí se asisten.

Como hemos visto, todo lo que ha sucedido deja aprendizajes para la sociedad. Uno de ellos representado por el alto costo en materia de vidas y proyectos truncados que se generan como producto de las presiones sectoriales hacia el avance de sociedades respetuosas de los derechos. Otro de los aprendizajes está dirigido a los países de América Latina que subyacen en un paradigma histórico representado por la persistencia de marcos legales restrictivos y punitivos hacia la salud sexual de las mujeres. Finalmente, el 13J abre un campo esperanzador orientado a garantizar mejores condiciones de vida y salud para la población en un contexto de respeto a la diversidad.

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Raúl Mercer, Médico Pediatra, Especialista en Salud Pública. Coordinador del Programa de Ciencias Sociales y Salud de FLACSO, Argentina. Investigador en temas de salud perinatal. Participa en iniciativas orientadas a promover los derechos y la equidad de género en los servicios y sistemas de salud. Co-coordinador del Área de Desarrollo Humano y Salud de FLACSO, Argentina

Pablo Vinocur, Licenciado en Sociología, Diploma en Salud Pública, Doctorando en Cs. Sociales, UBA. Coordinador del Programa en Desarrollo Humano y Co-coordinador del Área de Desarrollo Humano y Salud de FLACSO, Argentina. Investigador y docente en temas de desarrollo humano y políticas sociales. Fue Coordinador de Programas en UNICEF, PNUD, y Secretario de Políticas Sociales y Coordinador de Programas Materno Infantiles del Ministerio de Salud de la Nación.

Karina Cimmino, Licenciada en Ciencias de la Educación, Máster en Salud Pública. Coordinadora del Curso Internacional de Educación Integral para la Sexualidad: Desafíos para la Implementación (FLACSO/UNFPA/UNESCO). Participó en el desarrollo del Programa ESI del Ministerio de Educación de la Nación. Integrante del Programa de Ciencias Sociales y Salud, FLACSO, Argentina.

Carlota Ramírez, Licenciada en Psicología, integrante del Programa de Salud y Ciencias Sociales de FLACSO, Argentina. Participó como disertante de los debates realizados en el Congreso de la Nación para la Despenalización del Aborto en Argentina en representación de Soberanía Sanitaria.

Diego Rossi, Maestro, Experto Universitario en Educación y Promoción de la Salud. Coordinador del Curso Internacional de Educación Integral para la Sexualidad: Desafíos para la Implementación (FLACSO/UNFPA/UNESCO). Integra el Programa de Educación Sexual de la Administración Nacional de Educación Pública, Uruguay.

Florencia Luna, Doctora en Filosofía (UBA). Master of Arts (Columbia University (EEUU)). Investigadora Principal del CONICET. Directora del Área Ética, Derechos y Bienes Públicos de la FLACSO desde el 2012 y del Programa Bioética (FLACSO-Argentina) desde el año 1996 hasta la actualidad. Presidente de la International Asociation of Bioethics (IAB) 2003-2005. Premio Konex en ética (2006).

María Florencia Santi, Doctora en Filosofía (UBA). Magíster y Especialista en Ciencia Política y Sociología (FLACSO). Profesora en Filosofía (UBA), Becaria Interna Posdoctoral 2014-2017 (CONICET). Investigadora del Programa Bioética de FLACSO y Profesora Titular del curso de posgrado: “Ética de la investigación en ciencias sociales”(FLACSO).

Gisela Farías, Doctora en Filosofía del Derecho/Bioética de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UBA). Licenciada en Psicología. Facultad de Psicología (UBA). Asesora en Bioética de la Unidad de Cuidados Paliativos Hospital Tornú-Fundación Femeba. Integrante del Comité de Bioética del Hospital Tornú. Coordinadora del Posgrado Interdisciplinario en Cuidados Paliativos (FLACSO).